OPINIÓN | Miguel Santillana: Conflictos en Apurímac
En Apurímac existen unos 30 mil mineros informales que resentirían la prisión de su máximo dirigente. ¿Quién del gobierno ha entablado un diálogo con ellos?...
Por Miguel Santillana
El departamento de Apurímac es el de mayor potencial minero en el país. Sin embargo, este gobierno no sabe cómo administrar sus relaciones con los distintos actores.
En dos semanas se leerá la sentencia contra Hernán de la Cruz Enciso, alias Tankar Rau Rau, dirigente de los pequeños mineros y mineros artesanales de Apurímac (incluye a los ilegales), denunciado por “entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos en la modalidad de instigación”. El fiscal ha pedido 6 años de prisión, cosa que trata de desbaratar el abogado Edmundo “El Puma” Inga Garay (también apurimeño como Tankar). En el expediente N°216-2014-JUC del juzgado de Caravelí (Arequipa) se narra la toma de carreteras entre el 8 al 11 de mayo de 2012 en respuesta a las normas de “formalización minera” (del DL 1099 al DL1105) dadas por el ministro engreído de Nadine, Manuel Pulgar Vidal. Para los mineros ilegales/informales, toda esa legislación era una traición puesto que habían dado soporte económico y logístico a la campaña de Ollanta Humala. El propio Tankar era el responsable político del nacionalismo en Apurímac. Para amedrentarlo, se le ha detenido y puesto en prisión varias veces a lo largo de este proceso, inclusive cuando ha visitado por invitación dependencias públicas para “dialogar”. En Apurímac existen unos 30 mil mineros informales/ilegales que resentirían la prisión de su máximo dirigente. ¿Quién del gobierno ha entablado un diálogo con ellos?
El 28 de diciembre de 2014 se publicó la Ley N°30295 “Ley de demarcación territorial de la provincia de Andahuaylas y sus distritos dentro del departamento de Apurímac, así como la creación del distrito de José María Arguedas”. En resumen se toma zonas altas de la provincia de Aymaraes que tienen alto potencial minero. Los distritos afectados son Sañayca (201.42 km2), Capaya (18.52 km2) y Toraya (118.2 km2). Nunca se consultó a los distritos/provincia afectados. Desde el 2014 se ha logrado que la Dirección Nacional de Demarcación Territorial (DNDT-PCM) escuche el reclamo de Aymaraes, inclusive se logró que una comisión técnica fuera a verificar in situ el atropello (mayo 2016). En pleno trabajo de campo, la contraparte de Andahuaylas se retiró. Este año se han frustrado dos reuniones en la PCM, siendo la última el 14 de febrero. Es por este motivo que la provincia de Aymaraes iniciará un paro provincial al cual se sumaría la provincia de Antabamba, que reclama por su carretera (en un accidente se desbarrancó una combi muriendo 14 policías, recientemente). La oferta del gobierno es una nueva comisión técnica para ver el tema que ha iniciado sus acciones el 10 de marzo ¿será suficiente?
En las próximas semanas se tiene que dar sentencia contra distintos dirigentes de los frentes de defensa distritales y provinciales involucrados en los paros y toma de carreteras contra la operación minera Las Bambas, ubicada en la provincia de Cotabambas. El abogado de los dirigentes, “El Puma” Inga Garay, negocia políticamente pues sabe que el delito existió pero ¿la población lo entiende así o se han acostumbrado a que sea su única forma que el gobierno escuche? ¿Vizcarra irá a explicarles luego que se ha rechazado su plan de desarrollo?
Fuente:http://exitosanoticias.pe/opinion-miguel-santillana-conflictos-en-apurimac/
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